La base primera de este blog son las ideas, el idealismo, pero ¿qué pasa cuando queremos darle un nombre, un "de quién" a una idea? ¿Realmente tienen posesión nuestras ideas? ¿Podemos decir en realidad que una idea es "nuestra" porque haya salido de nosotros?
El término idea es algo, como casi todo, muy subjetivo, y ya no tanto por lo abstracta o terrenal que pueda parecer, sino porque surge de una mente concreta para, una vez se ha formulado mediante el lenguaje, pasar a estar presente en más mentes además de en la de origen. ¿Tiene derecho la primera mente a reclamar tal idea como suya?
La afirmación de esta pregunta es en la que se basan los principios más elementales del copyright y su consecuente problema con la adquisición ilegal de las "propiedades intelectuales". Parece bastante claro que el hecho de que un ingeniero idee un nuevo sistema de conversión energética o que un investigador descubra la vacuna contra el VIH va ligado con que reciban una cuantiosa recompensa por eso que ha salido de su mente. Sin embargo, si estamos en una clase y a un alumno se le ocurre una forma de copiar mejor los apuntes, o si a un amigo se le ocurre empezar a escribir un blog o una red social, este hecho parece cambiar . ¿Dónde está el límite entre mérito y egoísmo? ¿Podemos pensar que si se nos ocurre algo en este mundo plagado de personas vamos a poder jugar con ventaja sobre todo el resto?
Personalmente pienso que no, las ideas no tienen propiedad. Aunque no es una afirmación total, pues se me genera la duda basada en que las mentes pensantes deben tener un reconocimiento que, en parte, estimule su acción.
¿Solución? No hay que tener miedo a que nos roben algo que ni siquiera sabemos si es nuestro, ¡porque puede llegar alguien que incluso lleve a cabo nuestra idea mejor que nosotros! Por tanto, pensemos, ideemos y avancemos en este mundo lleno de ideas por descubrir y por plasmar en la realidad.
sábado, 23 de julio de 2011
Reforma del Sistema Político X - Senado
Artículo X: Reforma/supresión del Senado
(Artículo reformado. Reforma introducida entre "--")
El Senado español es un órgano de representación territorial oficialmente colegislativo junto con el Congreso de los Diputados, en la práctica es actualmente una cámara inútil, pues no tiene capacidad decisoria (palabras textuales de grandes teóricos del derecho internacional y constitucional como Maurice Duverger, Georg Jellinec). La única función que posee el Senado es la de vetar propuestas provenientes del Congreso de los Diputados. Sin embargo, una vez vetadas estas propuestas pueden ser sometidas a votación de nuevo en el Congreso, en cuyo caso, si son nuevamente aceptadas, el Senado ya no tendría opción a veto.
Esta cámara tiene su origen en la década de 1830, cuando la regente María Cristina, que gobernó en España durante la minoría de edad de Isabel II, creó una Cámara Baja (actual Congreso de los Diputados), representante del pueblo, y una Cámara Alta, donde estaban los “Grandes de España” y personas cercanas a la monarquía, encargadas de evitar o al menos posponer lo máximo posible las reformas emprendidas por la Cámara Baja. Tanto es así que el Senado ya se suprimió en 1931, durante la 2ª República. El Senado está compuesto normalmente por alrededor de 260 senadores, que con suplementos de manutención alcanzan salarios de 3.000€, sin contar con los casi 11.200€ del Presidente del Senado. A esto hay que sumar todos los gastos relacionados con el funcionamiento del esta Cámara, como los intérpretes que los nacionalistas quieren tener a su disposición (me ahorro comentar este hecho).
Por tanto, debemos elegir entre dos opciones. Podemos hacer como ya hizo la 2ª República en su momento, es decir, crear un poder legislativo monocameral centrado en el Congreso suprimiendo entonces el Senado; o bien podríamos optar por la opción de dar poder al Senado, aportando de esta manera una razón de existir de este órgano.
--Partimos de la premisa de que es necesaria una reforma urgente de la ley electoral. Una vez hubiera tenido lugar esta reforma, las fuerzas nacionalistas quedarían prácticamente excluidas del Congreso, sobre todo las vascas, por el bajo nivel de representación real que tienen a nivel de cantidad de personas dentro del conjunto nacional.
Pero bien es cierto que vascos y catalanes, así como el resto de regiones que así lo sientan, deben tener el derecho de expresarse libremente, así como de reclamar sus intereses y ser activamente escuchados. Para ello haríamos funcionar al Senado de una manera verdaderamente útil, aportándole el carácter de verdadera cámara de representación territorial, en la que se trataran los problemas de cada región y en la que se enviaran propuestas válidas al Congreso.
Se tratarían problemas, pues, tanto regionales, como interregionales, como del Estado con una región o viceversa, como de una región con un ente extranacional o viceversa. En este nuevo Senado habría representantes tanto del Gobierno como de cada partido nacional presente en el Congreso, hecho que le haría gozar de un mayor dinamismo. De igual forma, este Senado debería tener alguna forma de unión o vinculación con el Congreso de los Diputados, para que no derivara en un hablar y hablar del Senado sin que nadie le hiciera caso. Por ejemplo, una forma de vinculación sería la incorporación de diecisiete diputados en el Congreso, cada uno representante de una Comunidad Autónoma y de éstas en el Senado, otra forma de unión sería la participación de representantes del Senado en un Pleno del Congreso regularmente, una vez cada dos semanas, por ejemplo.--
(Artículo reformado. Reforma introducida entre "--")
El Senado español es un órgano de representación territorial oficialmente colegislativo junto con el Congreso de los Diputados, en la práctica es actualmente una cámara inútil, pues no tiene capacidad decisoria (palabras textuales de grandes teóricos del derecho internacional y constitucional como Maurice Duverger, Georg Jellinec). La única función que posee el Senado es la de vetar propuestas provenientes del Congreso de los Diputados. Sin embargo, una vez vetadas estas propuestas pueden ser sometidas a votación de nuevo en el Congreso, en cuyo caso, si son nuevamente aceptadas, el Senado ya no tendría opción a veto.
Esta cámara tiene su origen en la década de 1830, cuando la regente María Cristina, que gobernó en España durante la minoría de edad de Isabel II, creó una Cámara Baja (actual Congreso de los Diputados), representante del pueblo, y una Cámara Alta, donde estaban los “Grandes de España” y personas cercanas a la monarquía, encargadas de evitar o al menos posponer lo máximo posible las reformas emprendidas por la Cámara Baja. Tanto es así que el Senado ya se suprimió en 1931, durante la 2ª República. El Senado está compuesto normalmente por alrededor de 260 senadores, que con suplementos de manutención alcanzan salarios de 3.000€, sin contar con los casi 11.200€ del Presidente del Senado. A esto hay que sumar todos los gastos relacionados con el funcionamiento del esta Cámara, como los intérpretes que los nacionalistas quieren tener a su disposición (me ahorro comentar este hecho).
Por tanto, debemos elegir entre dos opciones. Podemos hacer como ya hizo la 2ª República en su momento, es decir, crear un poder legislativo monocameral centrado en el Congreso suprimiendo entonces el Senado; o bien podríamos optar por la opción de dar poder al Senado, aportando de esta manera una razón de existir de este órgano.
--Partimos de la premisa de que es necesaria una reforma urgente de la ley electoral. Una vez hubiera tenido lugar esta reforma, las fuerzas nacionalistas quedarían prácticamente excluidas del Congreso, sobre todo las vascas, por el bajo nivel de representación real que tienen a nivel de cantidad de personas dentro del conjunto nacional.
Pero bien es cierto que vascos y catalanes, así como el resto de regiones que así lo sientan, deben tener el derecho de expresarse libremente, así como de reclamar sus intereses y ser activamente escuchados. Para ello haríamos funcionar al Senado de una manera verdaderamente útil, aportándole el carácter de verdadera cámara de representación territorial, en la que se trataran los problemas de cada región y en la que se enviaran propuestas válidas al Congreso.
Se tratarían problemas, pues, tanto regionales, como interregionales, como del Estado con una región o viceversa, como de una región con un ente extranacional o viceversa. En este nuevo Senado habría representantes tanto del Gobierno como de cada partido nacional presente en el Congreso, hecho que le haría gozar de un mayor dinamismo. De igual forma, este Senado debería tener alguna forma de unión o vinculación con el Congreso de los Diputados, para que no derivara en un hablar y hablar del Senado sin que nadie le hiciera caso. Por ejemplo, una forma de vinculación sería la incorporación de diecisiete diputados en el Congreso, cada uno representante de una Comunidad Autónoma y de éstas en el Senado, otra forma de unión sería la participación de representantes del Senado en un Pleno del Congreso regularmente, una vez cada dos semanas, por ejemplo.--
viernes, 15 de julio de 2011
Reforma del Sistema Político IX - Funcionariado
Artículo IX: Ajuste del sistema de rendimientos del sistema público
En este artículo se hace mención a los trabajadores del Estado, también llamados funcionarios.
Actualmente son muchas las diferencias que alejan al sistema público del privado, diferencias que llevan a generar la tan extendida creencia de: "si apruebo mis oposiciones tengo la vida resuelta". Y es que hoy en día si aprobamos unas oposiciones realmente tenemos la vida resuelta, pues accederemos a un puesto de trabajo que no nos obligará a tener un buen rendimiento y que muestra como absolutamente remota la posibilidad de despido.
Esto trae como consecuencia que haya dos tipos de funcionarios:
Por una parte unos que tratan de aprovechar esta situación a su favor para la tan extendida ley del mínimo esfuerzo. Desafortunadamente estamos hartos de ver casos como el de las grabaciones a funcionarios madrileños yendo al trabajo a fichar para a los cinco minutos marcharse a casa a seguir durmiendo o para irse a de compras. Esto es un ejemplo, se puede trabajar lo mismo que estas personas estando presente en todo momento.
Y por otra parte tenemos a los funcionarios que sí van a su puesto día tras día y se esfuerzan por dar el máximo de ellos mismos haciendo su trabajo y el de los que se rascan la barriga. Estas personas son las primeras perjudicadas por esta situación, ya que, además de puteados (disculpad la expresión) se encuentran desacreditados y vistos como holgazanes ante el resto de personas que no forman parte del sistema público.
Podemos extrapolar esta situación a la sanidad, seguro que conocéis a médicos de ambos tipos. Igualmente lo vemos en la educación, de hecho aquí es más evidente porque ¿cuál es el tópico de los profesores? Que no trabajan y tienen muchas vacaciones, pues bien, yo conozco a algunos que se salen de ahí y otros que entran de lleno, seguro que vosotros también. Lo mismo nos sucede con la administración, pensad en un burócrata del Estado, ¿qué se os viene a la cabeza? Por lo menos la imagen que me viene a mí no es justa con muchas de las personas que pueden ejercer esos puestos en realidad.
Agilicemos el sistema creando un sistema de rendimientos cercano al del sector privado, esto es, exijamos rendimientos a nuestros funcionarios al igual que se le exige a cualquier trabajador de una empresa privada, únicamente equiparémoslo.
Para esto:
El objetivo de esta reforma es evitar que los funcionarios se relajen para que tengamos un sector público más ágil, eficiente y dinámico, de forma que trabajar para el Estado no simbolice una seguridad a cualquier coste y que el reparto de tareas y rendimientos sea más justo y equitativo entre todos, evitando la división que previamente he realizado.
Ya he escuchado algunas reformas similares que se intentan o se han intentado llevar a cabo, así como sé que ya existe actualmente una inspección encargada de tareas similares a las mencionadas. Lo primero no hace sino confirmar la necesidad de esta acción, lo segundo nos informa de que el sistema requiere una reforma, no una reconstrucción, ya que, si bien ya existe algo parecido, debe mejorarse.
En este artículo se hace mención a los trabajadores del Estado, también llamados funcionarios.
Actualmente son muchas las diferencias que alejan al sistema público del privado, diferencias que llevan a generar la tan extendida creencia de: "si apruebo mis oposiciones tengo la vida resuelta". Y es que hoy en día si aprobamos unas oposiciones realmente tenemos la vida resuelta, pues accederemos a un puesto de trabajo que no nos obligará a tener un buen rendimiento y que muestra como absolutamente remota la posibilidad de despido.
Esto trae como consecuencia que haya dos tipos de funcionarios:
Por una parte unos que tratan de aprovechar esta situación a su favor para la tan extendida ley del mínimo esfuerzo. Desafortunadamente estamos hartos de ver casos como el de las grabaciones a funcionarios madrileños yendo al trabajo a fichar para a los cinco minutos marcharse a casa a seguir durmiendo o para irse a de compras. Esto es un ejemplo, se puede trabajar lo mismo que estas personas estando presente en todo momento.
Y por otra parte tenemos a los funcionarios que sí van a su puesto día tras día y se esfuerzan por dar el máximo de ellos mismos haciendo su trabajo y el de los que se rascan la barriga. Estas personas son las primeras perjudicadas por esta situación, ya que, además de puteados (disculpad la expresión) se encuentran desacreditados y vistos como holgazanes ante el resto de personas que no forman parte del sistema público.
Podemos extrapolar esta situación a la sanidad, seguro que conocéis a médicos de ambos tipos. Igualmente lo vemos en la educación, de hecho aquí es más evidente porque ¿cuál es el tópico de los profesores? Que no trabajan y tienen muchas vacaciones, pues bien, yo conozco a algunos que se salen de ahí y otros que entran de lleno, seguro que vosotros también. Lo mismo nos sucede con la administración, pensad en un burócrata del Estado, ¿qué se os viene a la cabeza? Por lo menos la imagen que me viene a mí no es justa con muchas de las personas que pueden ejercer esos puestos en realidad.
Agilicemos el sistema creando un sistema de rendimientos cercano al del sector privado, esto es, exijamos rendimientos a nuestros funcionarios al igual que se le exige a cualquier trabajador de una empresa privada, únicamente equiparémoslo.
Para esto:
<<Se creará un órgano encargado de supervisar el rendimiento de los funcionarios de distintos sectores. Los trabajadores del Estado que no cumplan con los mínimos establecidos entrarán en un estado de aviso en el cual se deberá informar al trabajador de que su puesto está en riesgo. Si prolongadamente dicho trabajador hace caso omiso a estas advertencias, como último recurso el órgano competente procederá al despido de la persona según la legislación laboral vigente.>>
El objetivo de esta reforma es evitar que los funcionarios se relajen para que tengamos un sector público más ágil, eficiente y dinámico, de forma que trabajar para el Estado no simbolice una seguridad a cualquier coste y que el reparto de tareas y rendimientos sea más justo y equitativo entre todos, evitando la división que previamente he realizado.
Ya he escuchado algunas reformas similares que se intentan o se han intentado llevar a cabo, así como sé que ya existe actualmente una inspección encargada de tareas similares a las mencionadas. Lo primero no hace sino confirmar la necesidad de esta acción, lo segundo nos informa de que el sistema requiere una reforma, no una reconstrucción, ya que, si bien ya existe algo parecido, debe mejorarse.
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