Reforma económica IV - Equidad estatal

Equidad económica para España

En el artículo 1 la Constitución propugna como uno de los valores del ordenamiento jurídico español la igualdad, pero claro, lo propugna, es decir, se propone establecerlo, no lo garantiza. Otro truquillo para que los lectores se esperancen es el artículo 9, en el que la misma constitución afirma que "corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas". Claro, pero es que este artículo es de criterio interpretativo, para que nos entendamos: no vale (como cuando jugábamos al pilla-pilla y decíamos "¡Casa!").

No obstante, si leemos el artículo 2, encontramos que la misma constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, esto es el principio de unidad que esta constitución defiende y garantiza, superior al de autonomía.

Pues bien, digo esto para tratar de ver dónde encaja el concierto fiscal de País Vasco y Navarra. Por este sistema estas comunidades obtienen el privilegio de  recaudar todos los tributos que en el resto del país recauda el Estado, negociando paralelamente con éste una cantidad fijar a pagar, llamada cupo, que en ocasiones ni siquiera se amortiza. ¿Y cuál es la forma de cobro del Estado para percibir este cupo? No darle a estas CCAA las cantidades que le corresponden provenientes de Bruselas, lo que en términos futbolísticos se entiende por poner un parche a un balón y no comprar uno nuevo; en términos de la construcción, hacer una chapuza. Pero, ¿cuál es la justificación de este privilegio?

La justificación para este aspecto reside en la aparente diferenciación histórica de estas dos CCAA, que las separa del resto, encarnada en los fueros navarros y vascos. No obstante, en este punto deberíamos resaltar un aspecto histórico, y es que en la Alta Edad Media todas las localidades tenían un fuero propio, es decir, Baza, en la provincia de Granada, tenía su propio Fuero, Sepúlveda, en Segovia, tenía su propio Fuero. ¿Qué diferencia lo suficiente entonces a los territorios vascones de los del resto del Estado como para ser tan radicalmente opuestos al artículo 138.2 de la Constitución, que afirma que "las diferencias entre los Estatutos de las distintas CCAA no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales"? Ah, claro, es que ya no son ni siquiera los Estatutos de Autonomía los que lo implican, sino la misma Constitución al afirmar que "ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Es curioso que la constitución hable acerca de PV y Navarra como territorios forales, cuando, como ya hemos visto, Baza y Sepúlveda (son meros ejemplos) son tan forales como Pamplona, de hecho, el Fuero de Pamplona no es originario de estos territorios llamados forales por la Constitución, sino que es el Fuero de Jaca, en la actual Huesca, copiado y adaptado a causa de la popularidad que tuvo éste en el Medievo.

Éste es el tipo de financiación que lleva tiempo exigiendo Cataluña, pero, ¿qué es más viable, imponer privilegios para todos, acercándonos al Antiguo Régimen, o eliminarlos, acercándonos a la idea del artículo 138.2 de la Constitución? Dejo la respuesta en el aire.

Bien es cierto que puede parecer razonable la posición de los catalanes al reclamar que lo que produce se quede en Cataluña, ya que se les crea un diferencial negativo para que su dinero se malgaste en otras comunidades en despilfarros (empleo esta palabra con todo su sentido) como el de comprar ordenadores portátiles a los alumnos de primaria en Andalucía o instalarles ordenadores en las aulas que nunca han visto una verdadera utilidad y que los mismos docentes han tachado de inútil. Para ello creemos una verdadera red de inversiones efectivas a realizar con los fondos extracomunitarios que obtenga cada Comunidad Autónoma, y acabemos con los privilegios regionales.

En resumen, debemos abogar por la equidad económica de España, sin dejarnos llevar por prejuicios, excusas ni miedos a bandas armadas. Debemos hacerlo, pero garantizando la utilidad del dinero que sale de las comunidades más ricas de forma que se les asegure que se va a hacer una verdadera inversión con su dinero y que éste va a servir para generar riqueza y desarrollo en otras zonas, no para pagar un PER ni para tirarlo por los aires.